La jornada incluyó un quórum que estuvo en riesgo hasta el último minuto, la renuncia en tiempo real del flamante vocero presidencial a su banca y el rechazo a los intentos de la oposición por instalar la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La sesión arrancó con el suspenso propio de los números justos. Adrián Ravier —designado días antes como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Adorni— fue el último diputado en sentarse en su banca. Cuando el tablero marcaba 128 legisladores y el tiempo para comenzar la sesión se agotaba, sus pares le exigieron, a los gritos, que ocupara su lugar. Solo así fue posible abrir el debate. La presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, no iba a habilitar la renuncia de Ravier hasta no tener garantizado el quórum. Los juristas del cuerpo encontraron la salida: la dimisión podía presentarse durante la sesión sin alterar el número ya acreditado. Ravier firmó la renuncia apenas comenzó el debate y lo reemplazó en la banca Martín Matzkin, subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y hombre del círculo de Patricia Bullrich, quien se hizo presente en el recinto para presenciar la jura.

Antes de entrar en los proyectos del temario, la oposición intentó forzar el debate sobre Adorni. La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, presentó una moción de apartamiento de reglamento para incluir sobre tablas la moción de censura contra el jefe de Gabinete, que fue rechazada con 104 votos a favor y 125 en contra. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también intentó fijar un plazo para el dictamen en comisión, pero su propuesta reunió 122 votos a favor y 108 en contra, insuficientes para prosperar.

Despejado ese carril, la Cámara pasó al acuerdo con los holdouts. Con 139 votos a favor y 97 en contra, el proyecto obtuvo la sanción definitiva que le faltaba —ya contaba con media sanción del Senado desde el 4 de junio— a escasos días del 30 de junio, plazo límite establecido en el marco del litigio judicial en Estados Unidos. El texto implica pagar US$67 millones al fondo Bainbridge Ltd. y US$104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP mediante el mecanismo de Entrega contra Pago, por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos, y serán los propios acreedores quienes afrontarán los costos legales del litigio.

Se trata de los mismos fondos que en 2012 lograron la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana y que rechazaron los sucesivos canjes de deuda ofrecidos entre 2005 y 2016. El libertario Benegas Lynch, miembro informante del oficialismo, encuadró el debate en clave histórica: "Después de 25 años, tenemos la posibilidad de cerrar esta herida de deshonra internacional". El peronista Itai Hagman le contestó sin rodeos: "Lo que se está discutiendo acá es pagarle a fondos buitre. Toda la política de este Gobierno está subordinada a una única variable: bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina".

Entrada la noche, llegó el turno del Súper RIGI. La iniciativa fue aprobada en general con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales aliados. El régimen apunta a sectores sin gran despliegue aún en el país: proyectos de inteligencia artificial, centros de datos, fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. A diferencia del RIGI vigente, que exige inversiones mínimas de US$200 millones, el Súper RIGI fija un piso de US$1.000 millones y otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. Quedan fuera los proyectos vinculados a recursos naturales e infraestructura y las iniciativas existentes que busquen ampliar operaciones.

Entre los beneficios principales figuran una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias —frente al 35% de la escala general— y la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales como el CIADI o la Cámara de Comercio Internacional ante controversias con el Estado.

Con la media sanción obtenida, el Súper RIGI pasa ahora al Senado. El Gobierno cerró la jornada con dos resultados concretos en el bolsillo, aunque los márgenes ajustados dejaron en evidencia que cada sesión sigue siendo, para el oficialismo, una negociación hasta el último minuto.