El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció este 15 de junio un paquete de medidas para la Policía provincial que incluye un aumento salarial, un nuevo esquema de trabajo y cambios en los ingresos y el control interno de la fuerza. El anuncio se realizó durante el acto por el 73° aniversario de la institución y, según el Gobierno provincial, apunta a fortalecer la tarea policial de cara a 2026.

El punto más esperado fue la suba de haberes. Zdero confirmó un incremento del 30% en el servicio de adicionales para el personal policial, que comenzará a regir en julio. A esa mejora se sumó la actualización de la liquidación de haberes para que los efectivos cobren conforme a su nueva jerarquía y el pago retroactivo de los ascensos, que se abonará en tres cuotas.

El gobernador también presentó cambios de fondo en la organización de la fuerza. Desde el 1° de enero próximo regirá un nuevo régimen laboral de ocho horas de servicio por 24 de franco, una demanda histórica del personal. "Es una medida que reconoce el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres policías y que pocas provincias del país han logrado implementar", destacó Zdero durante la ceremonia.

El paquete se completa con la creación de la Unidad Policial de Control Interno en todas las dependencias, el inicio en agosto de un nuevo proceso de incorporación de aspirantes a la Escuela de Policía y la firma de un comodato para la sede del Club Deportivo Policiales. "Venimos a reconocer los logros de una institución que cumple una tarea fundamental para la sociedad y que merece ser acompañada con hechos concretos", afirmó el mandatario.

Zdero estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Javier Romero, y autoridades de los distintos poderes provinciales. En su discurso, el gobernador volvió a reclamar a los legisladores que avancen con la Ley de Reiterancia, una iniciativa que su gestión impulsa en materia de seguridad.

Una tendencia que se repite en las provincias

La decisión chaqueña no es un caso aislado. A lo largo del año, varios gobiernos provinciales recompusieron los salarios de sus fuerzas de seguridad, en muchos casos por fuera de las paritarias generales y mediante decretos del Ejecutivo. El escalafón policial suele encabezar esas actualizaciones, por su sensibilidad política y por el antecedente de protestas y autoacuartelamientos que en otros años derivaron en fuertes crisis.

En Mendoza, el gobierno de Alfredo Cornejo oficializó en abril, a través de un decreto, un incremento del 10% para policías y penitenciarios, en actividad y retirados, dividido en dos tramos no acumulativos a partir de marzo. Al tratarse de personal excluido de la negociación colectiva, la suba se definió de manera unilateral.

Tucumán adoptó un camino similar. El Ejecutivo provincial fijó por decreto un nuevo esquema de recomposición para el escalafón Seguridad, que abarca a la Policía y al Servicio Penitenciario, con un mecanismo de actualización basado en un sistema de puntos por jerarquía. La medida se tomó tras un acuerdo con representantes de las fuerzas firmado en marzo.

Entre Ríos se anticipó a comienzos de año. El gobierno de Rogelio Frigerio mejoró los haberes de policías y penitenciarios en febrero, antes incluso de convocar al resto de los estatales, en una decisión que buscó evitar un "efecto contagio" de los reclamos que se vivían en Santa Fe. Con ese ajuste, un agente con un año de antigüedad pasó a cobrar alrededor de 1,3 millones de pesos, además de una suma fija mensual de 100.000 pesos.

Santa Fe, por su parte, cerró una paritaria de alcance semestral que incluyó a docentes, estatales, policías y personal de salud, con una recomposición acumulada del 12,5% para el primer semestre, aplicada en tramos mensuales escalonados hasta junio y con pisos mínimos garantizados.

El contraste más marcado lo ofrece Buenos Aires. La gestión de Axel Kicillof no presentó una nueva oferta salarial en las reuniones de fines de mayo y dejó la definición para junio, con el argumento de la caída de los recursos de coparticipación. Como consecuencia, los sueldos de las fuerzas bonaerenses y del resto de los estatales se liquidaron sin aumentos adicionales, en medio de la presión gremial por el impacto sobre el aguinaldo.

En ese mapa heterogéneo, donde conviven subas por decreto, acuerdos paritarios y negociaciones estancadas, el anuncio de Chaco se ubica entre las recomposiciones más recientes y de mayor porcentaje para el sector. La medida, que regirá desde julio, deja a la provincia alineada con un grupo de distritos que optaron por reforzar los ingresos de sus fuerzas de seguridad en la primera mitad del año.