El dato surge del Índice de Financiamiento Pyme (IFP), un nuevo indicador que lanzó esta semana la sociedad de bolsa VetaCap y que, por primera vez, ofrece una referencia mensual sistemática sobre el costo real al que se financia este segmento en el mercado local. El registro de mayo también representa el tercer descenso consecutivo y el nivel más bajo desde antes de la turbulencia electoral del segundo semestre de 2025.

Hasta ahora no había un dato representativo sobre el costo de financiamiento pyme. "Es un indicador indispensable que puede guiar a las pymes a la puerta de ingreso al mercado de capitales", dijo Felipe Venancio, presidente y socio de VetaCap, en el evento de lanzamiento realizado en el Racket Club, ante periodistas, funcionarios y representantes del sector.

La serie histórica que acompaña el índice muestra con claridad de dónde viene la mejora: en octubre de 2025, en plena incertidumbre electoral y con el mercado financiero local bajo presión de liquidez, el IFP había tocado un máximo nominal del 59,06%. Desde ese pico, la tasa cayó más de 33 puntos en ocho meses.

La arquitectura de las operaciones de mayo explica buena parte de esa baja. El 52,9% del financiamiento canalizó a través de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), el 31,7% correspondió a instrumentos sin garantía, el 9,8% a Facturas de Crédito Electrónicas y el 5,6% a operaciones garantizadas por el Mercado Argentino de Valores. Las SGR actúan como garantes frente a los inversores y comprimen la tasa que paga la empresa: sin su incidencia, el índice habría cerrado mayo en torno al 32% o 33%.

La brecha entre el segmento no garantizado y el avalado por SGR llegó a 11,79 puntos porcentuales en mayo —31,41% frente a 22,72%—. VetaCap aclaró que cuando el IFP sube, el aval de una SGR se vuelve más valioso para la pyme porque el ahorro relativo es mayor, y cuando baja, el costo del aval "se justifica menos".

En mayo se registraron operaciones por más de $120.000 millones en instrumentos de corto plazo —principalmente cheques de pago y obligaciones negociables simples—, con participación de las SGR como garantes en más del 70% de los casos. Ese volumen da contexto a un índice que, según sus autores, se construye sobre operaciones reales liquidadas en el mercado, no sobre ofertas o intenciones.

El IFP también tiene sus límites. Gran parte del financiamiento es de muy corto plazo —entre 30 y 180 días—, lo que obliga a las empresas a renovar constantemente su deuda. VetaCap señaló que hay que seguir de cerca "si los desplazamientos entre el segmento avalado y el no garantizado se profundizan o se revierten", porque "esos cambios anticipan las preferencias del mercado por riesgo crediticio". También advirtió que "cualquier desplazamiento sostenido hacia plazos más largos sería una señal positiva sobre la confianza del mercado en el horizonte económico".

En el evento de lanzamiento se puso el acento en la "resiliencia" del sector pyme pese a la falta histórica de acceso al crédito, y se celebró la estabilidad macroeconómica actual aunque con una advertencia: es "condición necesaria, no suficiente" para que el crédito se expanda de verdad. También se señaló que el crecimiento de sectores como la energía y la minería incrementa las exigencias sobre sus proveedores pymes, que necesitan mejores condiciones de financiamiento para responder a esa demanda.

Para VetaCap, la sostenibilidad de la tendencia depende de dos variables: "la trayectoria de inflación esperada y las tasas de referencia del Banco Central". Si esos dos factores se mantienen bajo control, la baja podría continuar. Si no, la historia del IFP ya mostró con qué rapidez puede revertirse.