El 1° de mayo de 2026, el Acuerdo Comercial Interino entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó su aplicación provisional. No hubo ratificación parlamentaria que lo habilitara: los aranceles preferenciales y las reglas de origen comenzaron a regir de forma inmediata, sin esperar la aprobación de los 27 parlamentos europeos, un proceso que puede llevar años.

El acuerdo da vida a una zona de libre comercio que reúne a más de 750 millones de personas y representa cerca del 20% del Producto Bruto Interno mundial. Para la administración de Javier Milei, la fecha tiene un peso político concreto: consolida la reorientación de la política exterior argentina hacia los bloques occidentales y otorga sustancia institucional a una agenda de reformas que, hasta ahora, había operado casi exclusivamente en el plano doméstico.

La firma que cerró un expediente abierto en 1999

El 17 de enero de 2026, la Unión Europea y el Mercosur firmaron el Acuerdo de Asociación (EMPA) y el Acuerdo Comercial Interino (iTA) en Asunción. El segundo instrumento, el que entró en vigor el 1° de mayo, cubre los capítulos estrictamente comerciales: aranceles, acceso a servicios y compras públicas. El primero, más amplio en sus dimensiones políticas y de cooperación, quedará pendiente de ratificación plena.

El canciller Pablo Quirno destacó que Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos necesarios para hacer posible la implementación. Esa ventaja de timing no fue accidental: el gobierno argentino había priorizado la aprobación legislativa del acuerdo desde el inicio de las negociaciones finales, y el Senado lo ratificó antes que sus pares de Brasil, Uruguay y Paraguay.

El 5 de mayo llegó el primer resultado concreto. Se emitió el primer Certificado de Autorización de Cuota Mercosur: un cargamento de miel natural de Concordia, Entre Ríos, con destino a Alemania. Veinte mil kilos. Poca cantidad, mucho símbolo.

Lo que cambia en la estructura arancelaria

El tratado elimina los aranceles de la Unión Europea para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorga acceso preferencial para otro 7,5% mediante cuotas. Solo el 0,5% queda excluido.

La apertura no es simultánea ni simétrica. En el “momento cero”, Europa ya desgravó el 74% de su comercio con el bloque sudamericano, mientras que el Mercosur avanzó sobre apenas el 14,1% de su lado. Argentina tendrá plazo hasta 2041 para liberalizar cerca del 91% del comercio, con posibilidad de extender algunos plazos hasta 2056. La asimetría fue negociada: el bloque sudamericano partía de aranceles promedio considerablemente más altos.

Mientras Argentina parte de aranceles de hasta el 35% en rubros como textiles, Europa opera con un promedio cercano al 5%. Eso explica por qué la primera etapa favorece a los exportadores locales y también por qué los sectores industriales más expuestos a la competencia europea tienen períodos de transición de hasta quince años para adaptarse.

Agroindustria: cuotas, trazabilidad y el desafío de los frigoríficos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó el esquema de distribución de los 21 contingentes arancelarios negociados. Las cuotas abarcan carne vacuna, aviar, porcina, miel, azúcar, maíz, arroz, etanol, lácteos y una docena de categorías adicionales.

Los números son significativos. Para la carne vacuna se habilitó una cuota de 99.000 toneladas anuales con un arancel preferencial del 7,5%. Para la carne aviar, una cuota de 180.000 toneladas anuales libres de aranceles. La diferencia respecto de los aranceles previos, que en algunos cortes bovinos llegaban al 60%, es sustancial.

Pero el acceso no será automático. La Comisión Europea exigirá trazabilidad y georreferenciación lote por lote para el complejo sojero desde diciembre de 2026. En carnes, además, el número de frigoríficos argentinos habilitados para exportar hacia la UE continúa siendo limitado frente al potencial de crecimiento. Ampliar esa capacidad instalada requiere tiempo. La oportunidad está abierta; la infraestructura para aprovecharla todavía está en construcción.

Las proyecciones oficiales son ambiciosas. La Secretaría de Comercio estima que las exportaciones argentinas hacia la UE crecerán un 76% en los primeros cinco años y un 122% en diez. La consultora Abeceb, más cauta, proyecta que las ventas al bloque podrían pasar de los 8.499 millones de dólares registrados en 2025 a más de 15.000 millones hacia 2030.

Litio, cobre y la geopolítica de los minerales críticos

La urgencia europea por diversificar el suministro de minerales críticos antecede al acuerdo, pero el tratado le da un marco operativo. China domina buena parte del mercado mundial de minerales estratégicos y del refinado industrial asociado. Esa dependencia llevó a Europa a impulsar la Critical Raw Materials Act para reducir vulnerabilidades y ampliar proveedores.

Argentina quedó bien posicionada dentro de esa ecuación. El embajador europeo en Buenos Aires, Erik Høeg, recorrió yacimientos de cobre y litio en San Juan acompañado por representantes de doce embajadas europeas. No fue un gesto protocolar.

Con la entrada en vigor del acuerdo, el programa Global Gateway activa un fondo de 1.800 millones de dólares para proyectos estratégicos vinculados a minería, energía e infraestructura de transporte.

La reducción del arancel del 5,5% vigente para el litio mejora las condiciones de acceso y competitividad de esos productos en el mercado europeo. No se trata solo de un beneficio comercial: funciona también como una señal de política industrial de largo plazo para los inversores.

Empresas alemanas e italianas ya firmaron contratos de largo plazo vinculados al gas natural licuado de Vaca Muerta, bajo la misma lógica de diversificación energética y minera.

Inversión extranjera y reducción del riesgo

La Unión Europea ya representa cerca del 40% del capital extranjero radicado en Argentina, con un stock acumulado de 75.000 millones de dólares. El acuerdo apunta a acelerar ese ritmo.

La consultora Abeceb proyecta una captación de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares adicionales en inversiones para el período 2026–2030, orientadas principalmente a sectores exportadores.

El supuesto detrás de esa proyección es que el tratado funciona como un mecanismo de reducción del riesgo país: no por su impacto fiscal inmediato, sino por la señal institucional que implica un esquema de reglas estables y mecanismos de resolución de disputas homologados internacionalmente.

Según esas estimaciones, el stock total de inversión extranjera directa europea en Argentina podría superar los 90.000 millones de dólares hacia el final de la década. Las cifras, sin embargo, dependen de un factor central: la continuidad de la estabilidad macroeconómica y la reducción de los costos estructurales de producción.

La industria frente a la apertura

La contracara del acuerdo es la exposición gradual del mercado interno a la competencia europea.

Los automóviles verán caer el arancel actual del 35% en plazos de hasta quince años, dieciocho para los eléctricos, y los vinos europeos tendrán desgravación total en ocho años, con algunos segmentos premium liberados de inmediato.

Cuando el aceite de oliva español, el agua mineral francesa o los vinos europeos lleguen al mercado local con aranceles mínimos, la competencia para los productores argentinos cambiará de escala. El sector vitivinícola mendocino ya observa con preocupación los plazos de desgravación.

El problema más inmediato, sin embargo, es otro: la falta de información. Una encuesta realizada sobre 190 empresas argentinas vinculadas al comercio internacional reveló que solo una de cada diez conoce el cronograma de reducción arancelaria correspondiente a su sector.

El acuerdo ya entró en vigor. La preparación del sector privado para aprovecharlo, o defenderse de él, todavía está en deuda.

Perspectivas: lo que el acuerdo no resuelve

El acuerdo Mercosur–UE no resolverá por sí solo los problemas estructurales de la economía argentina. La balanza comercial con Europa continuará siendo deficitaria en manufacturas de alto valor agregado durante, al menos, la primera década de vigencia.

Además, su entrada en vigor definitiva todavía requiere la aprobación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y la resolución de aspectos legales pendientes. Francia mantiene objeciones relevantes y el proceso continúa en una etapa de transición.

Lo que sí cambia es el marco dentro del cual esos problemas deberán resolverse.

Argentina tiene ahora acceso preferencial a uno de los mayores bloques importadores del mundo, un cronograma de desgravación previsible y, si las instituciones se mantienen estables, un conjunto de reglas que reduce el costo de la incertidumbre.

El resto dependerá de decisiones que se tomen en Buenos Aires, no en Bruselas.